De hecho, contrató a un detective privado que llegó a realizar una exhaustiva investigación, que sirvió a la Policía Nacional para proceder.
La Policía Nacional ha detenido a dos vigilantes de seguridad delHospital Médico-Quirúrgico de Jaén acusados de robar medicinas almacenadas en la farmacia del centro sanitario. Presuntamente, uno de ellos revendía los medicamentos al propietario de un gimnasio de Torredelcampo, que los repartía como productos dopantes entre algunos de sus clientes. También ha sido arrestado como autor de un delito contra la salud pública. Los tres quedaron en libertad con cargos, tras prestar declaración ante el juez Fernando Moral, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén, que está en funciones de guardia esta semana.
Las fuentes consultadas indican que la investigación partió de la propia Dirección del hospital, que echó en falta una cantidad importante de fármacos después de realizar un inventario en la farmacia. De hecho, contrató a un detective privado que llegó a realizar una exhaustiva investigación, que sirvió a la Policía Nacional para proceder a la detención de los presuntos autores. Se trata de dos vigilantes de seguridad del centro sanitario: Juan José C. R., que se declaró el autor material de los robos ante su señoría; y de Antonio S. G., que, al parecer, hacía las labores de vigilancia para que su compañero pudiera apoderarse de los medicamentos. Para acceder a las dependencias donde se guardan las medicinas, utilizaban la llave que les había sido entregada en función de su cargo como vigilantes de seguridad.
Las fuentes consultadas aclaran que, presuntamente, estaban cometiendo los robos desde el pasado mes de marzo y, según una primera estimación inicial, el valor de los medicamentos sustraídos asciende a más de 14.000 euros. Casi todos los fármacos robados eran anabolizantes y medicinas contra el cáncer. En su declaración ante el juez, Juan José C. R. confesó los hechos y aseguró que lo hacía porque su hijo sufre una enfermedad que precisa de tratamientos muy costosos y que necesitaba el dinero para sufragarlos. La pregunta estaba clara: ¿Quién le compraba el material? Fue, entonces, cuando dio el nombre del dueño de un gimnasio de Torredelcampo,Manuel P. P., que también fue detenido como presunto autor de delitos de receptación —adquirir la mercancía robada— y otro contra la salud pública.
Y es aquí donde el asunto comenzó a tener mucha más importancia de la que pudiera parecer inicialmente. Y es que el tercer arrestado reconoció haber pagado “entre 8.000 y 9.000 euros” por las medicinas y que, posteriormente, distribuía entre algunos de sus clientes con fines dopantes. Hay que recordar que los anabolizantes ayudan a mejorar el rendimiento físico, aunque también suponen un grave riesgo para la salud si se toman de forma incontrolada.
La investigación policial no ha hecho más que comenzar, tal y como confirman las fuentes consultadas. En principio, las pesquisas se centran en determinar cuál es la cantidad exacta de medicamentos que ha sido sustraída, dónde han ido a parar los fármacos robados y si hay más compradores.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Jaén. Tras prestar declaración, los tres detenidos quedaron en libertad con cargos, mientras se desarrolla la instrucción.
Entre el detective de ficción, que protagoniza películas y exitosas series de televisión, y el detective real hay todo un mundo de distancia. Probablemente lo imagine como Sherlock Holmes, fumando en pipa, portando un sombrero y gabardina, asomándose por una esquina, con sigilo y misterio, siguiendo a su objetivo. Pero verlos en la vida real es suficiente para descartar esta teoría. Nada que ver con el legendario personaje de Arthur Connan Doyle. Tampoco con Hércules Poirot. Ni con el inspector Jacques Clouseau. Los investigadores privados del siglo XXI no visten de forma llamativa. Tampoco llevan gafas oscuras ni beben whisky con hielo. Son tipos normales. Como usted o como yo.
La de detective es posiblemente una de las profesiones más desconocidas. Y eso que la cartelera está llena de películas que hablan de ellos y las estanterías de las librerías rebosan de títulos de novela negra. El sabueso de hoy es un profesional normal y corriente, con estudios universitarios y que en vez de dar clases en la universidad, pasar consulta en una clínica o llevar la cuenta de resultados de una empresa se dedica a averiguar la verdad.
Los datos que maneja el Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunitat Valenciana constatan la existencia de 200 investigadores privados. Una decena de ellos trabaja en Castellón y lo hace en seis despachos, la cifra más alta en años. En España son más de 1.250 los detectives en activo, de los que alrededor de un 30% son mujeres y el sector factura 3.600 millones de euros al año.
Carlos (el nombre es ficticio, por razones de seguridad) lleva tres años en la profesión. Empezó con un despacho en Vila-real y hoy dirige junto a su socia Modus Castellón, una de las seis empresas de investigación privada que operan en la provincia. “Tenemos trabajo, pero el problema es que esta profesión es muy irregular y también muy sacrificada, porque pasamos una gran cantidad de horas vigilando”, apunta.
Pero, ¿qué investigan los detectives privados en Castellón? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cómo es su día a día? Aunque el perfil de usuario es muy variopinto, en general, se trata de empresarios que sospechan que sus trabajadores les engañan, padres que quieren conocer lo que hacen sus hijos cuando salen por las noches, maridos y mujeres que creen que sus parejas les son infieles o personas que quieren modificar el convenio que regula su separación. El caso, por ejemplo, de un hombre que quiere demostrar que su exmujer trabaja, tiene buen sueldo, y vive con otra persona. En definitiva, demostrar que ella gana más que él para así poder bajar la pensión. Son algunos ejemplos de los casos más habituales en los que trabajan los investigadores de Castellón. Y sus historias son interminables.
Si Carlos lleva tres años en la profesión, Eloy de Paco Martínez es uno de los veteranos. Lleva desde finales de los setenta en la profesión y preside el Colegio Oficial de Detectives de la Comunitat (en España solo existen otros dos colegios, en Galicia y Cataluña). “Esta es una profesión desconocida. Somos profesionales a los que, desde el 2014, se nos exige un título universitario y una licencia específica. Ni llevamos gabardina ni fumamos pipa”, describe.
PONGA UN DETECTIVE EN SU VIDA // Como en cualquier profesión, la crisis ha pasado factura a la actividad de la investigación privada. Y ya no por el volumen de trabajo (es cierto que ha bajado, pero no lo ha hecho tanto como en otros sectores), sino por la facturación. “Los precios han evolucionado claramente a la baja, hasta un 50% menos. Las tarifas del 2007 y el volumen de facturación no van a regresar nunca”, describe José Antonio (el nombre también es ficticio), de Detectives Castellón.
José Antonio es abogado y abrió su despacho en el centro de la capital de la Plana hace diez años. Es un enamorado de su profesión (en su caso dedicarse a la investigación privada es algo cien por cien vocacional), pero reconoce que es una actividad dura. “Quema mucho. Un día puedes estar diez horas esperando en el coche. No tenemos horarios”, asegura. Manda el trabajo y hay que estar disponible las 24 horas del día, de lunes a domingo.
La de detective es una profesión compleja que requiere de grandes dosis de paciencia, pero también de intuición y de mucha sangre fría. Y es también peligrosa. Frente a la creencia popular de que van armados, los detectives de Castellón aseguran que su arma es el cerebro. “No llevamos pistolas, ni navajas, ni gases lacrimógenos ni nada parecido. Si nos encontramos ante una situación peligrosa, nuestra mejor arma de defensa son las piernas, salir corriendo”, describe el investigador de Detectives Castellón.
Y situaciones peligrosas las hay. A menudo, los detectives de Castellón montan guardia en clubs nocturnos y es fácil que levanten las sospechas de los vigilantes. Y, cuando eso ocurre, los investigadores aseguran que es mucho mejor que a uno le tomen por ladrón antes que por policía. “Hay personas a las que tú investigas que te pillan y te intentan tirar de la carretera. Estamos desprotegidos”, cuenta José Antonio.
No usan armas, pero sí cámaras de video y de fotografía. “También realizamos informes escritos que luego presentamos al cliente, y testificamos en juicios. Esta profesión tiene mucho de pisar calle, pero también de despacho”, explica Carlos, de Modus.
LO QUE CUESTA EL SERVICIO // Pese a que los investigadores privados aseguran que las tarifas de ahora poco tienen que ver con las de hace unos años, sus servicios no son baratos. Los honorarios medios de un detective se mueven alrededor de los 40 euros por hora. Destapar una baja laboral fingida y documentarla con pruebas puede costar unos 4 días de investigación. Es decir, en torno a los 1.500 euros. Por ahí ronda también el coste de una investigación de infidelidad matrimonial. Pero parte de la facturación se va en gastos de despacho, secretaría y reparaciones. “Al final nos queda un sueldo normal. Los que trabajamos en esto lo hacemos por vocación”, coinciden. H
Infidelidades, bajas fingidas y denuncias falsas copan la mayor parte de los encargos realizados a los detectives privados, que cobran entre 800 y 1.200 euros por una semana de seguimiento
Su imagen está ligada al humo de una pipa, gabardinas largas y sombreros oscuros, pero la realidad de los detectives privados dista, y de qué manera, del retrato romántico fijado por el cine negro. Aunque el imaginario colectivo los dibuja resolviendo secuestros a partir de una caja de cerillas o esquivando las tretas de una femme fatale, la rutina de estos investigadores pasa por elaborar informes interminables y declarar como testigos en procesos judiciales. Su mayor fuente de trabajo proviene de las mutuas laborales y las compañías de seguro, que los contratan para resolver fraudes, pero sus indagaciones pueden ser de utilidad en numerosos casos, al alcance de casi cualquier ciudadano.
Aunque el precio varía según el tiempo que requiera la investigación, contratar a un detective privado durante una semana puede tener un coste de entre 800 y 1.200 euros, un desembolso importante pero rentable si tenemos en cuenta los posibles efectos de sus averiguaciones. Los casos más recurrentes están relacionados con bajas fingidas, infidelidades, denuncias falsas o delitos societarios. Los investigadores defienden su labor social, aunque algunas voces críticas siguen considerando que su contratación resulta una medida extrema que, en algunos casos, como los referidos a padres que ordenan seguir a sus hijos ante la sospecha de que consumen drogas o están mal relacionados, evidencia una tendencia controladora y un fracaso en el diálogo y la resolución de conflictos personales.
Los casos de corrupción destapados en los últimos años en la Costa del Sol han aumentado el trabajo de los detectives privados, con frecuencia contratados por la parte acusada para recabar pruebas en su defensa. Es el caso de la agencia Dea Detectives, que participó de forma activa en casos como Malaya o Ballena Blanca. Aunque con menor asiduidad, también las administraciones públicas recurren a este tipo de servicios, como el Ayuntamiento de Torremolinos, que contrató a un investigador para seguir al exjefe de Bomberos después de que algunos subordinados lo acusaran de absentismo laboral. Este periódico ha contactado con el detective que realizó el seguimiento, que responde a las iniciales J. R.
En septiembre del año pasado, el detective privado pasó cerca de dos semanas tras la pista del entonces jefe de Bomberos de Torremolinos. Según su declaración, comprobó que, una hora después de llegar al parque, el funcionario “se ausentaba del trabajo y se dedicaba a hacer reparaciones de fontanería a domicilio, siempre en vehículo oficial, del que tapaba el anagrama del Ayuntamiento”. La investigación fue encargada por el anterior alcalde, Pedro Fernández Montes, y desembocó en una suspensión de empleo y sueldo durante un año, medida tomada por el actual equipo de gobierno, aunque el trabajador recurrió la resolución administrativa por vía judicial y el caso permanece abierto.
El proceso para contratar a un detective privado es relativamente sencillo, aunque conviene cerciorarse de que la persona contactada tiene la formación requerida por el Ministerio del Interior, en concreto títulos de Criminología y Ciencias de la Seguridad. Por lo general, el detective privado estudia el caso un par de días antes de presentar un presupuesto. Muchos de ellos, como J. R., solicitan el pago adelantado del cincuenta por ciento: “Es una forma de evitar que el cliente no pague si no la investigación concluye algo que contradice su idea preconcebida”. Las pruebas obtenidas podrán ser presentadas en posibles demandas civiles o laborales y en los contratos debe figurar que el detective se compromete a declarar como testigo. Finalizado el caso, los clientes reciben un informe detallado dividido en tres partes: seguimiento, fotografía y vídeos si son necesarios y conclusiones. “El informe final es totalmente imparcial, sin valoraciones personales”, asegura J. R, que afirma declarar cada año en más de 70 juicios.
En Málaga, el repertorio de casos no cambia mucho respecto a otras grandes ciudades españolas. En el campo privado han aumentado los encargos relacionados con la modificación de medidas impuestas en los divorcios. Los detectives investigan si uno de los excónyuges dice no estar trabajando para evitar pasar la pensión y, en realidad, lo hace en negro, o si en la casa familiar convive una tercera persona pese a que sea incompatible con el acuerdo alcanzado entre las partes. En el terreno profesional, las mutuas han dejado de recibir las subvenciones para investigar posibles fraudes: “La crisis también nos ha afectado”. El absentismo laboral continúa siendo el gran reclamo, pero ha crecido el número de encargos para encontrar a gente que no paga su alquiler o que mantiene deudas y está ilocalizable.
La mujer fue hospitalizada con heridas graves por arma blanca en el cuello y las manos que no ponen en riesgo su vida.
La Guardia Civil de Granada ha detenido esta mañana a un hombre como presunto autor de una agresión machista después de apuñalar a su pareja en el cuello y causarle heridas en las manos en el municipio de Alhendín.
El cuerpo armado ha detallado que la detención ha tenido lugar en el domicilio conyugal sobre las seis de esta mañana y después de que el hombre hiriera ayer a la mujer, que fue hospitalizada con heridas graves por arma blanca en el cuello y las manos que no ponen en riesgo su vida.
La agresión tuvo lugar sobre las 18.30 horas de ayer en la calle Larga de Alhendín cuando el detenido, de 42 años, apuñaló a su pareja sentimental de 45, que fue trasladada por los servicios sanitarios hasta el hospital Clínico de la capital.
El presunto agresor se dio a la fuga, lo que motivó un operativo especial de búsqueda hasta que agentes de la Guardia Civil lo vieron volver al domicilio esta madrugada y procedieron a su detención.
El hombre permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil y no pasará a disposición judicial hasta mañana como muy pronto, han detallado las mismas fuentes.
Espiar el móvil de la pareja: dos años y medio de cárcel
Los jueces castigan con prisión la apropiación de archivos informáticos entre cónyuges
“El 22 de diciembre de 2014 Antonio J. S. accedió al teléfono móvil de su pareja, M. P. T., introduciendo la clave y descargó un fichero guardado en el correo electrónico con una fotografía de la señora M. P. T. [su esposa en aquel momento] con un hombre, así como varios mensajes de la aplicación Line, todo ello sin conocimiento de M.P.T. No ha quedado acreditado que el acusado hiciera difusión o cesión de tales mensajes entre terceros. No ha quedado probado que el acusado realizara los actos con intención de menoscabar la integridad psíquica o causar temor a la denunciante. Ha quedado acreditado que la señora M. P. T. ha estado 15 días de baja temporal sin que haya quedado probado que haya sido a consecuencia de los mismos, ni que haya sufrido un especial sufrimiento o daño”.
Es el relato de hechos probados que Antonio Miralles Amorós, titular del juzgado de lo penal número 4 de Girona, para condenar a dos años y medio de cárcel y multa de seis euros diarios durante 19 meses a Antonio J. S. como “autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de parentesco”. La sentencia, fechada el pasado 28 de junio, castiga el espionaje del móvil de una mujer por parte de su marido para recopilar pruebas de una relación extramatrimonial y aportarlas al pleito civil que dirimía el divorcio entre ambos. Es la primera que conlleva la entrada en prisión —si no prosperan los recursos— de un condenado por apropiarse de archivos informáticos de su pareja, y castiga como agravante el parentesco.
El fallo judicial, pendiente de recurso en primera instancia, concluye que “no se trató de un mero fisgoneo o una visión fugaz o momentánea del contenido privado, sino que se ha hecho el acusado con el adecuado soporte material de captación del contenido” para aportarlo a otro juicio de divorcio. El condenado alegó sin éxito que el terminal era de uso familiar porque su mujer manejaba otro y que las contraseñas estaban guardadas en un archivo compartido en la nube. Su abogado, Marc Molins, escribe en el recurso presentado ante el mismo juzgado que el derecho a la intimidad requiere al menos de unas ciertas medidas de protección que M.P.T. no adoptó.
La condena a dos años y medio de cárcel es un severo aviso para quienes estén vigilando los dispositivos informáticos de sus cónyuges. Unos delitos que según todos los expertos consultados para este reportaje se multiplican con la proliferación de aplicaciones que facilitan el rastreo de perfiles de Internet y redes sociales.
A mediados de julio en Jaén fue arrestado un joven acusado de instalar un programa espía en el móvil de su novia. El atestado policial incorporado al juzgado revela que ese software le permitía activar a distancia la cámara y el micrófono para escuchar las conversaciones de su pareja y tenerla permanentemente controlada. El joven, “con un perfil celoso y manipulador”, está imputado por revelación de secretos, un delito que el Código Penal castiga con entre uno y cuatro años de prisión.
La Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional sostiene que no hay registros concretos sobre estos delitos, pero la inspectora Silvia Barrera alerta de que las denuncias están aumentando. “Recibimos llamadas de muchas víctimas, gente que ve cosas raras en su teléfono —baterías que apenas duran o se calientan cuando el móvil no se usa— de personas que se sienten controladas por sus parejas. Lo primero que recomendamos si es en el contexto familiar es intentar solucionarlo en ese ámbito, antes de denunciar. Si las conductas persisten, se puede recurrir a un perito informático que haga un informe del teléfono o la tablet. La policía no tiene capacidad para analizar millones de móviles, pero con el peritaje podemos iniciar una investigación”.
A Chema Alonso, uno de los hackers más mediáticos, tras cada aparición televisiva le llueven las ofertas (muchas remuneradas) para invadir la intimidad de terceros a través de sus teléfonos y ordenadores. “El número de peticiones que recibo es altísimo. Cerré el Facebook porque me machacaban con mensajes privados. Miles de personas me pedían de todo: espiar móviles, redes sociales. Una mujer de Madrid me llamó hace años para que espiase al novio de su hija. Me negué y luego me contó que había contratado a un ciberdelincuente extranjero y le había alquilado un piso frente al chico al que quería vigilar. Hacerlo es muy fácil. Por siete u ocho euros al mes uno puede conseguir un virus troyano. El que lo instala es el que comete el delito”, asegura este experto en seguridad informática que lleva años denunciando estas prácticas e incluso ha establecido una clasificación con los encargos más rocambolescos.
Anuncios en Internet que ofrecen programas para espiar móviles
Daniel García, 32 años, cr0hn en el mundillo hacker, ha recibido ofertas parecidas. Asegura que la despreocupación con la que el usuario medio utiliza la tecnología deja socavones en la seguridad por la que puede colarse cualquier experto para copiar correos electrónicos, whatsapps, vídeos, o incluso geolocalizar al propietario del dispositivo para seguir sus movimientos. “Una aplicación de móvil gratuita que hace de linterna te pedía permiso para acceder a tu ubicación, los contactos y la gente accedía. Era una trampa, pero pasaron meses hasta que se retiró de la tienda de Android”.
El hacker cr0hn alude a la ingeniería social de la que algunas personas se valen para obtener contraseñas y códigos de bloqueo de sus allegados, que luego permiten instalar aplicaciones piratas y monitorizar sus teléfonos.
La policía sigue la pista a muchas de estas páginas de Internet y aplicaciones, pero en ocasiones los programas que se venden son perfectamente legales, siempre que se usen para manejar a distancia dispositivos propios y no de terceros, explica la agente Barrera, desde la Unidad de Investigación Tecnológica de la policía.
En sus fundamentos de derecho, el juez de Girona cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que en una sentencia de 2003 determinó que “la invocada dimensión familiar de la intimidad no autoriza en modo alguno a uno de los cónyuges a violar el derecho fundamental a la intimidad que, como persona, tiene el otro cónyuge ni a vulnerar el secreto de las comunicaciones que, a toda persona otorga el artículo 18 de la Constitución, tanto en el ámbito individual como en el familiar de su existencia. Se trata de derechos básicos del ser humano que proscriben la injerencia de quien su titular no desee en el ámbito de su personalísima privacidad, que no cabe entender renunciado por el hecho de contraer matrimonio”.
En 2007 la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó otra sentencia dictada por la sección decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid en la que condenó a otro hombre, Paulino, a seis meses de cárcel y multa de seis meses por seis euros diarios, también por revelación de secretos. En este caso el condenado monitorizó la actividad informática de su ordenador doméstico para averiguar por qué se habían disparado las facturas de Internet en el año 2001 que registraban hasta 70 horas de conexión mensuales. Al comprobar que era su esposa quien estaba entrando a chats de casados infieles y que esta tenía otra pareja, Paulino admitió al juez haber remitido todos los correos electrónicos interceptados a un detective privado para presentarlos a un juicio civil y ganar ventaja en el pleito por la custodia de su hija. El Supremo respondió al recurso de casación del acusado que una cosa es instalar un programa para detectar quien está haciendo un uso indebido de un ordenador y otra distinta -ahí radica el delito de revelación de secretos- apropiarse de esa documentación privada e íntima. También este fallo cita jurisprudencia y recuerda que el propio Tribunal Supremo ya concluyó en 2000 que “lo relevante a efectos de la configuración del tipo [penal] no es la apertura de la correspondencia, sino el apoderamiento de su contenido sin consentimiento, que es lo que constituye la conducta típica sancionada por el legislador”.
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca es el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que hizo de ponente en esa sentencia. Defiende que el derecho a la intimidad “es uno de los más importantes que se reconocen en la Constitución” y que como tal “su adecuada protección justifica una combinación con una pena privativa de libertad”. Pero puntualiza: “No se puede decir con carácter general que coger el teléfono de una persona y mirar el whatsapp conlleve un delito. Debe existir una finalidad. Hay conductas admitidas socialmente de personas que comparten el contenido de sus correos electrónicos que no ingresarían en la conducta típica del delito. Pero eso cambia cuando la finalidad busca descubrir los secretos de otro y sí como consecuencia de ello, la intimidad queda afectada”.
El juez del Supremo, la inspectora de policía y los dos hackerscoinciden en que la protección contra estas invasiones en la intimidad pasa por el sentido común. “En las redes sociales mucha gente banaliza a menudo su intimidad”, asegura el magistrado. “No reveles nunca las contraseñas”, previene la agente policial. “Si te mandan un correo diciendo que te ha tocado un millón de euros o un descapotable en un sorteo en el que no has participado, lo inteligente es no abrirlo”, recomienda el hacker cr0hn.
Timos en Internet que prometen ‘hackear’ wasap y Facebook
Basta con teclear el verbo “espiar” en Google para que emerjan decenas de anuncios y trucos para monitorizar teléfonos, ordenadores o tablets. La inmensa mayoría, según la Unidad de Investigación Tecnológica de Policía Nacional, son timos que obligan al interesado a seguir una serie de pasos hasta introducir un número de teléfono que, habitualmente, acaba suscrito a números de tarificación adicional. “Rara vez se denuncian”, asegura la inspectora Silvia Barrera, porque. al hacerlo, uno estaría autoinculpándose en un delito.”Los servidores”, según esta agente están en otros países porque todo forma parte de un “verdadero negocio”.
La investigación secreta que permitió cazar al asesino de Eva Blanco
Ahmed Chehl, dejó España en 1999 y actualmente trabajaba en la construcción
El cuerpo sin vida de la joven de 18 años apareció en Algete (Madrid) en 1997
El presunto asesino de Eva Blanco, detenido el jueves en Francia, se llama Ahmed Chehl, tiene 52 años y se hasta el momento de su detención se ganaba la vida trabajando en la construcción. La Guardia Civil ha logrado detenerlo gracias a una prueba de ADN al hermano del detenido.
El Ministerio del Interior ha ofrecido nuevos detalles de la investigación que permitió arrestar al presunto autor, Ahmed Chehl, un varón de 52 años nacido en Taza (Marruecos) pero de nacionalidad española que abandonó España en 1999, dos años después del asesinato de la joven en Algete, Madrid.
El presunto asesino fue detenido el jueves en Pierrefontaine Les Varans (Francia). En abril de 1997, el cuerpo sin vida de la menor Eva Blanco apareció en una cuneta, en un paraje denominado Las Pesqueras, junto a una rotonda de la carretera M-100 con evidentes signos de violencia, revelando la autopsia que la joven había recibido una veintena de puñaladas repartidas en la nuca, parte posterior del cuello y espalda.
El ADN de su hermano
Durante estos dieciocho años, se han iniciado más de 100 líneas de investigación, en las que se ha solicitado colaboración ciudadana y de los medios de comunicación en varias ocasiones y donde un gran número de personas anónimas han contactado con la Guardia Civil, facilitando diferentes datos, obteniéndose incluso manifestaciones que han logrado mantener activa esta investigación.
Entre ellas, el 8 de octubre de 2013 se solicitó al Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela un estudio de la muestra genética hallada y custodiada por la Guardia Civil.
NUEVAS CONCLUSIONES
Los avances en genética forense permitieron extraer nuevas conclusiones de esa muestra y en enero de 2014 se recibió el informe de los expertos, que ha resultado transcendental para los investigadores al revelar que el propietario del perfil era un varón de origen norteafricano.
Tras solicitar el padrón al Instituto Nacional de Estadística y al municipio de Algete, se logró estrechar el cerco sobre los varones norteafricanos que en la época del suceso estaban empadronados en la localidad madrileña.
Desde este momento, las pesquisas policiales se enfocaron en unas 200 personas que vivieron en Algete entre 1995 y 1999, lo que llevó a los agentes encargados de la investigación a viajar por diferentes provincias de España.
En una de esas entrevistas, a principios del pasado mes de septiembre, se logró obtener un perfil de ADN que, tras ser remitido al Departamento de Criminalística de la Guardia Civil, dio positivo aunque no coincidió al 100 % con el encontrado en el cuerpo de Eva Blanco en 1997. Todas las investigaciones se centraron entonces sobre esta persona y su círculo familiar.
Era el hermano del presunto asesino, al que se llegó tras localizar a todos los familiares por línea descendente paterna.
Los investigadores se centraron en el varón residente en la localidad francesa de Pierrefontaine Les Varans, que había salido de España en el año 1999, dos años después del crimen.
El ministro del Interior ha subrayado el “destacado rigor científico de esta investigación” y el “impecable” tratamiento dado a las muestras recogidas.
En base al tratado de Prüm, y a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se iniciaron los trámites de colaboración con la Gendarmería francesa y resto de autoridades galas, que han colaborado con la Guardia Civil en todo momento, según Interior.
El presunto autor del crimen de Eva Blanco mientras es detenido por la Guardia Civil El presunto autor del crimen de Eva Blanco mientras es detenido por la Guardia Civil
Sin cómplice
La Guardia Civil ha descartado este viernes que exista un coautor en el asesinato de Eva Blanco, tras la detención del presunto autor del crimen ocurrido en Algete (Madrid) el 20 de abril de 1997.
“Que se establezcan teorías con que puede haber una segunda autoría o que pueda haber un coautor no se baraja en absoluto”, ha explicado a los medios el capitán de la Guardia Civil Ruben Valero.
No obstante, ha añadido que “el caso no está cerrado hasta que no se culmine con la entrada en prisión” del presunto autor del asesinato, un hombre de 52 años, identificado como A.C.G., ciudadano español de origen marroquí y que salió de España en 1999.
A la espera de extradición
La jueza de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz está a la espera de la tramitación de extradición del presunto autor del asesinato de la joven Eva Blanco, ocurrido en 1997 en la localidad de Algete, detenido en Francia, para formalizar su situación procesal.
La magistrada acordó el jueves la detención de A.C.G. en aplicación de una orden europea al ser localizado en territorio francés y ahora está a la espera de la tramitación de la extradición correspondiente para que el detenido sea puesto a disposición judicial y proceder a la formalización de su situación procesal.
Por su parte, Fernández Díaz ha dicho que España ya ha solicitado la extradición del presunto criminal y que espera que se pueda realizar “lo antes posible” habida cuenta de la “extraordinaria” colaboración policial con las autoridades francesas para que “sea puesto a disposición judicial” en España.
Al respecto, ha destacado que el arresto se ha producido 18 años después del crimen, por lo que “afortunadamente” faltaban dos años para que prescribiera este tipo de delito, que lo hace a los 20 años.
Por ello, el titular de Interior ha subrayado el “éxito institucional” de la Guardia Civil por haber culminado esta operación tras 18 años de investigaciones. “La protagonista es hoy la Guardia Civil”, ha agregado.
Las actuaciones de investigación continúan secretas y se practicarán nuevas diligencias para aclarar en su totalidad el caso.
Un centenar de marcadores orientaron las pesquisas en el caso
Un centenar de marcadores genéticos y de características físicas empleados por el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, de la Universidad de Santiago (USC), orientaron las pesquisas policiales hacia el presunto asesino de la joven Eva Blanco, transcurridos 18 años desde aquel crimen.
La directora del centro compostelano, de referencia mundial, María Victoria Lareu Huidrobo, explicó a preguntas de los informadores que se trató de 80 marcadores genéticos, que permiten inferir estadísticamente el origen biogeográfico, y otros 20 que pueden indicar las características físicas del individuo al que pertenecen las muestras.
La catedrática señaló que con el primer grupo de marcadores se pueden determinar cinco áreas de procedencia, europeo, africano-subsahariano, asiático, latinoamericano y de Oceanía.
Agregó que con el empleo de muchos más marcadores, del orden de millones, se podría conocer el origen con distancias de mil o mil quinientos kilómetros, aunque para ello es preciso estudiar también la “mezcla de población” y otros parámetros.
Además, el instituto de la USC ha desarrollado un test de análisis SNPs (Single Nucleotide Polimorphism) específico, con lo que se infieren rasgos físicos como el color de los ojos, del cabello o la piel y que fue empleado en el caso del presunto asesino de Eva Blanco, lo que orientó definitivamente la larga investigación desarrollada por la Guardia Civil.
El estudio se entregó en diciembre de 2013 y el paso del tiempo, por lo que fue preguntada la especialista, no solo no ha tenido repercusión en la calidad de la muestra, que estaba bien conservada, sino que permitió que avanzase la ciencia en el campo de estos marcadores y se pudiese realizar un estudio que hace 17 años era imposible.
“Lo que ha hecho el paso del tiempo -insistió- es haber tenido tiempo para investigar en nuevas tecnologías, en nuevos marcadores”, por lo que resaltó esta especialista la importancia del trabajo no solo de las cuatro personas que han realizado este estudio, encabezados por ella misma, sino de los equipos de investigación, “que son los que hacen que estas cosas puedan suceder”.
Aunque el valor del estudio es diferente en cada caso, la directora del instituto apuntó que en el del presunto asesino de Eva había sido muy alto.
Detectives Detec 7 – Tip 2529 Distinguida con la Mención Honorifica de la Dirección General de la Policía Registro Nacional de seguridad Privada 10694
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