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Tras su nacimiento en el mes de febrero, la Asociación de Detectives de Andalucía (ADA) ha elaborado una propuesta razonada con el objetivo de que se tengan en cuenta una serie de consideraciones a la hora de redactar el texto definitivo del nuevo Reglamento de Seguridad Privada.

 

En concreto, según ADA, la introducción de un régimen sancionador con una fuerte carga económica, la obligación de adoptar medidas de seguridad físicas y electrónicas eficaces pero no eficientes o la exigencia de contratar seguros de caución de gran cuantía podría suponer la desaparición de casi el 80 por ciento de los cerca de 1.700 despachos de detectives privados existentes en España. Un panorama, denuncia la asociación, que convertiría al sector en un oligopolio y desvirtuaría la esencia de una profesión basada en la independencia y la diversidad de sus integrantes.

Además, desde ADA consideran que una serie de medidas, relativas a desembolsos económicos desproporcionados, propiciaría el cierre real del acceso a la profesión a los estudiantes que se están formando en centros homologados para ejercer en un futuro la labor de detective privado.

En su documento, la asociación hace público su deseo de que la Administración conozca y valore que, en su mayoría, los detectives que prestan sus servicios en España son trabajadores autónomos y que dicha condición no les permite asumir más cargas impositivas para adecuarse a la nueva normativa.

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