por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Oct 15, 2015 | Sin categoría
Lo que es lógico en países desarrollados resulta absurdo en el obsoleto proceso español
Obviamente, la primera obligación de los fiscales es cumplir y hacer cumplir la ley. Sin embargo, está cuajando en las fiscalías la sensación raramente unánime de que no vamos a poder cumplir una norma que nos afecta de lleno: la que desde el 7 de diciembre pretende limitar la investigación judicial de los delitos —incluidos los procesos iniciados con anterioridad— a un máximo de seis meses, que en los casos complejos pueden ampliarse a 18, prorrogables por igual tiempo.
En principio, tanto la declaración de “complejidad” como la prórroga solo pueden ser acordadas si el fiscal lo solicita, aunque “excepcionalmente” el juez puede fijar un nuevo plazo máximo sin límite alguno, a petición del fiscal o cualquiera de las partes. Como la excepcionalidad la valora el propio juez, parece obvio que el pregonado límite temporal queda descafeinado —¿mucho ruido y pocas nueces?— en aquellos supuestos en que suelen alargarse más los procesos.
En realidad, la limitación temporal tiene sentido en aquellos sistemas en que la investigación la dirige el fiscal. Sobre la base de que un ciudadano no puede ser investigado indefinidamente, y del derecho de la víctima a obtener respuesta en un tiempo razonable, el Estado pone su poder y sus medios a disposición de las acusaciones tan solo durante un tiempo determinado. En ese contexto, naturalmente corresponde al investigador justificar por qué y para qué necesita la prórroga. Y el juez, árbitro imparcial y garante de los derechos de todos, decide.
Pero lo que es lógico en el modelo de los países desarrollados resulta absurdo en el obsoleto proceso español. Empeñado en salvar la figura medieval del juez de instrucción, nuestro legislador lleva años encajando a martillazos piezas que no ajustan. He aquí un nuevo ejemplo. El juez dirige la instrucción (al tiempo que avala su legalidad, lo cual evidencia la baja calidad democrática —checks and balances— del sistema); pero, paradójicamente, es el fiscal quien debe convencerle de que necesitará más tiempo para completarla. Y no confiamos en el fiscal para pilotar la investigación, pero le permitimos abortar la del juez mediante la sencilla decisión de no pedir su prórroga. El mundo al revés.
Revisar todas las causas penales es una tarea de imposible ejecución
Eso sí, la nueva ley añade que “en ningún caso” el mero transcurso de los plazos dará lugar al archivo del proceso si no concurre una causa legal de sobreseimiento. Claro que una de esas causas es que no haya pruebas suficientes del delito o su autoría; y como no existirán si no ha dado tiempo a obtenerlas, la norma queda en puro merchandisinglegal.
El motivo de inquietud de los fiscales es, sin embargo, otro. La Fiscalía General, intentando cumplir con su deber, ha ordenado revisar todas las investigaciones pendientes para ver si procede solicitar la prórroga. Pero hay un problema: es en el juzgado donde se tramitan los procesos. Es el juzgado el que cuenta con medios para gestionarlos (la increíble ratio de la fiscalía es de 0,8 funcionarios por fiscal), y es el juez quien, tras comunicarle simplemente la incoación, puede decidir, ley en mano, cuándo y cómo dar entrada al ministerio público.
El fiscal no controla ni monitoriza la instrucción. Y su sistema informático —que opera en soportes diferentes y hasta incompatibles en las distintas comunidades autónomas— no permite el acceso directo a los registros judiciales. De hecho, los sucesivos fiscales generales llevan años denunciando que ni siquiera los datos estadísticos son fiables. Faltan medios técnicos, manejabilidad de las aplicaciones, formación de quienes las utilizan y protocolos de inspección de su funcionamiento. Recursos que, a pesar de que la Constitución proclama la autonomía del ministerio fiscal, permanecen en manos del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas.
En esas condiciones, obligar a los fiscales a revisar todas las causas penales (en 2014 se incoaron más de cuatro millones y llegaron a término más de 600.000) sin interrumpir o perturbar seriamente el servicio que prestan puede resultar, en efecto, una tarea de imposible e inexigible ejecución.
El Consejo Fiscal advirtió de todo esto en su informe al anteproyecto de la ley que ahora entra en vigor. Por supuesto, en vano.
Y en estas condiciones nos anuncian para el 1 de enero de 2016 elpapel cero, es decir, la gestión íntegramente informatizada de todos los procesos. Nada menos.
Pero que nadie se angustie. Si todo esto sirve para airear unos cuantos titulares sobre la “eficacia” y la “celeridad” de la justicia, ¿a quién le importa lo demás?
Pedro Crespo Barquero es fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Oct 8, 2015 | Noticias
Espiar el móvil de la pareja: dos años y medio de cárcel
Los jueces castigan con prisión la apropiación de archivos informáticos entre cónyuges
“El 22 de diciembre de 2014 Antonio J. S. accedió al teléfono móvil de su pareja, M. P. T., introduciendo la clave y descargó un fichero guardado en el correo electrónico con una fotografía de la señora M. P. T. [su esposa en aquel momento] con un hombre, así como varios mensajes de la aplicación Line, todo ello sin conocimiento de M.P.T. No ha quedado acreditado que el acusado hiciera difusión o cesión de tales mensajes entre terceros. No ha quedado probado que el acusado realizara los actos con intención de menoscabar la integridad psíquica o causar temor a la denunciante. Ha quedado acreditado que la señora M. P. T. ha estado 15 días de baja temporal sin que haya quedado probado que haya sido a consecuencia de los mismos, ni que haya sufrido un especial sufrimiento o daño”.
Es el relato de hechos probados que Antonio Miralles Amorós, titular del juzgado de lo penal número 4 de Girona, para condenar a dos años y medio de cárcel y multa de seis euros diarios durante 19 meses a Antonio J. S. como “autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de parentesco”. La sentencia, fechada el pasado 28 de junio, castiga el espionaje del móvil de una mujer por parte de su marido para recopilar pruebas de una relación extramatrimonial y aportarlas al pleito civil que dirimía el divorcio entre ambos. Es la primera que conlleva la entrada en prisión —si no prosperan los recursos— de un condenado por apropiarse de archivos informáticos de su pareja, y castiga como agravante el parentesco.
El fallo judicial, pendiente de recurso en primera instancia, concluye que «no se trató de un mero fisgoneo o una visión fugaz o momentánea del contenido privado, sino que se ha hecho el acusado con el adecuado soporte material de captación del contenido” para aportarlo a otro juicio de divorcio. El condenado alegó sin éxito que el terminal era de uso familiar porque su mujer manejaba otro y que las contraseñas estaban guardadas en un archivo compartido en la nube. Su abogado, Marc Molins, escribe en el recurso presentado ante el mismo juzgado que el derecho a la intimidad requiere al menos de unas ciertas medidas de protección que M.P.T. no adoptó.
La condena a dos años y medio de cárcel es un severo aviso para quienes estén vigilando los dispositivos informáticos de sus cónyuges. Unos delitos que según todos los expertos consultados para este reportaje se multiplican con la proliferación de aplicaciones que facilitan el rastreo de perfiles de Internet y redes sociales.
A mediados de julio en Jaén fue arrestado un joven acusado de instalar un programa espía en el móvil de su novia. El atestado policial incorporado al juzgado revela que ese software le permitía activar a distancia la cámara y el micrófono para escuchar las conversaciones de su pareja y tenerla permanentemente controlada. El joven, “con un perfil celoso y manipulador”, está imputado por revelación de secretos, un delito que el Código Penal castiga con entre uno y cuatro años de prisión.
La Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional sostiene que no hay registros concretos sobre estos delitos, pero la inspectora Silvia Barrera alerta de que las denuncias están aumentando. «Recibimos llamadas de muchas víctimas, gente que ve cosas raras en su teléfono —baterías que apenas duran o se calientan cuando el móvil no se usa— de personas que se sienten controladas por sus parejas. Lo primero que recomendamos si es en el contexto familiar es intentar solucionarlo en ese ámbito, antes de denunciar. Si las conductas persisten, se puede recurrir a un perito informático que haga un informe del teléfono o la tablet. La policía no tiene capacidad para analizar millones de móviles, pero con el peritaje podemos iniciar una investigación».
A Chema Alonso, uno de los hackers más mediáticos, tras cada aparición televisiva le llueven las ofertas (muchas remuneradas) para invadir la intimidad de terceros a través de sus teléfonos y ordenadores. “El número de peticiones que recibo es altísimo. Cerré el Facebook porque me machacaban con mensajes privados. Miles de personas me pedían de todo: espiar móviles, redes sociales. Una mujer de Madrid me llamó hace años para que espiase al novio de su hija. Me negué y luego me contó que había contratado a un ciberdelincuente extranjero y le había alquilado un piso frente al chico al que quería vigilar. Hacerlo es muy fácil. Por siete u ocho euros al mes uno puede conseguir un virus troyano. El que lo instala es el que comete el delito”, asegura este experto en seguridad informática que lleva años denunciando estas prácticas e incluso ha establecido una clasificación con los encargos más rocambolescos.
Daniel García, 32 años, cr0hn en el mundillo hacker, ha recibido ofertas parecidas. Asegura que la despreocupación con la que el usuario medio utiliza la tecnología deja socavones en la seguridad por la que puede colarse cualquier experto para copiar correos electrónicos, whatsapps, vídeos, o incluso geolocalizar al propietario del dispositivo para seguir sus movimientos. “Una aplicación de móvil gratuita que hace de linterna te pedía permiso para acceder a tu ubicación, los contactos y la gente accedía. Era una trampa, pero pasaron meses hasta que se retiró de la tienda de Android».
El hacker cr0hn alude a la ingeniería social de la que algunas personas se valen para obtener contraseñas y códigos de bloqueo de sus allegados, que luego permiten instalar aplicaciones piratas y monitorizar sus teléfonos.
La policía sigue la pista a muchas de estas páginas de Internet y aplicaciones, pero en ocasiones los programas que se venden son perfectamente legales, siempre que se usen para manejar a distancia dispositivos propios y no de terceros, explica la agente Barrera, desde la Unidad de Investigación Tecnológica de la policía.
En sus fundamentos de derecho, el juez de Girona cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que en una sentencia de 2003 determinó que “la invocada dimensión familiar de la intimidad no autoriza en modo alguno a uno de los cónyuges a violar el derecho fundamental a la intimidad que, como persona, tiene el otro cónyuge ni a vulnerar el secreto de las comunicaciones que, a toda persona otorga el artículo 18 de la Constitución, tanto en el ámbito individual como en el familiar de su existencia. Se trata de derechos básicos del ser humano que proscriben la injerencia de quien su titular no desee en el ámbito de su personalísima privacidad, que no cabe entender renunciado por el hecho de contraer matrimonio”.
En 2007 la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó otra sentencia dictada por la sección decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid en la que condenó a otro hombre, Paulino, a seis meses de cárcel y multa de seis meses por seis euros diarios, también por revelación de secretos. En este caso el condenado monitorizó la actividad informática de su ordenador doméstico para averiguar por qué se habían disparado las facturas de Internet en el año 2001 que registraban hasta 70 horas de conexión mensuales. Al comprobar que era su esposa quien estaba entrando a chats de casados infieles y que esta tenía otra pareja, Paulino admitió al juez haber remitido todos los correos electrónicos interceptados a un detective privado para presentarlos a un juicio civil y ganar ventaja en el pleito por la custodia de su hija. El Supremo respondió al recurso de casación del acusado que una cosa es instalar un programa para detectar quien está haciendo un uso indebido de un ordenador y otra distinta -ahí radica el delito de revelación de secretos- apropiarse de esa documentación privada e íntima. También este fallo cita jurisprudencia y recuerda que el propio Tribunal Supremo ya concluyó en 2000 que «lo relevante a efectos de la configuración del tipo [penal] no es la apertura de la correspondencia, sino el apoderamiento de su contenido sin consentimiento, que es lo que constituye la conducta típica sancionada por el legislador».
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca es el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que hizo de ponente en esa sentencia. Defiende que el derecho a la intimidad «es uno de los más importantes que se reconocen en la Constitución» y que como tal «su adecuada protección justifica una combinación con una pena privativa de libertad». Pero puntualiza: «No se puede decir con carácter general que coger el teléfono de una persona y mirar el whatsapp conlleve un delito. Debe existir una finalidad. Hay conductas admitidas socialmente de personas que comparten el contenido de sus correos electrónicos que no ingresarían en la conducta típica del delito. Pero eso cambia cuando la finalidad busca descubrir los secretos de otro y sí como consecuencia de ello, la intimidad queda afectada».
El juez del Supremo, la inspectora de policía y los dos hackerscoinciden en que la protección contra estas invasiones en la intimidad pasa por el sentido común. «En las redes sociales mucha gente banaliza a menudo su intimidad», asegura el magistrado. «No reveles nunca las contraseñas», previene la agente policial. «Si te mandan un correo diciendo que te ha tocado un millón de euros o un descapotable en un sorteo en el que no has participado, lo inteligente es no abrirlo», recomienda el hacker cr0hn.
Timos en Internet que prometen ‘hackear’ wasap y Facebook
Basta con teclear el verbo “espiar” en Google para que emerjan decenas de anuncios y trucos para monitorizar teléfonos, ordenadores o tablets. La inmensa mayoría, según la Unidad de Investigación Tecnológica de Policía Nacional, son timos que obligan al interesado a seguir una serie de pasos hasta introducir un número de teléfono que, habitualmente, acaba suscrito a números de tarificación adicional. “Rara vez se denuncian”, asegura la inspectora Silvia Barrera, porque. al hacerlo, uno estaría autoinculpándose en un delito.»Los servidores», según esta agente están en otros países porque todo forma parte de un «verdadero negocio».
JOSÉ PRECEDO
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Oct 6, 2015 | Noticias
La investigación secreta que permitió cazar al asesino de Eva Blanco
Ahmed Chehl, dejó España en 1999 y actualmente trabajaba en la construcción
El cuerpo sin vida de la joven de 18 años apareció en Algete (Madrid) en 1997
El presunto asesino de Eva Blanco, detenido el jueves en Francia, se llama Ahmed Chehl, tiene 52 años y se hasta el momento de su detención se ganaba la vida trabajando en la construcción. La Guardia Civil ha logrado detenerlo gracias a una prueba de ADN al hermano del detenido.
El Ministerio del Interior ha ofrecido nuevos detalles de la investigación que permitió arrestar al presunto autor, Ahmed Chehl, un varón de 52 años nacido en Taza (Marruecos) pero de nacionalidad española que abandonó España en 1999, dos años después del asesinato de la joven en Algete, Madrid.
El presunto asesino fue detenido el jueves en Pierrefontaine Les Varans (Francia). En abril de 1997, el cuerpo sin vida de la menor Eva Blanco apareció en una cuneta, en un paraje denominado Las Pesqueras, junto a una rotonda de la carretera M-100 con evidentes signos de violencia, revelando la autopsia que la joven había recibido una veintena de puñaladas repartidas en la nuca, parte posterior del cuello y espalda.
El ADN de su hermano
Durante estos dieciocho años, se han iniciado más de 100 líneas de investigación, en las que se ha solicitado colaboración ciudadana y de los medios de comunicación en varias ocasiones y donde un gran número de personas anónimas han contactado con la Guardia Civil, facilitando diferentes datos, obteniéndose incluso manifestaciones que han logrado mantener activa esta investigación.
Entre ellas, el 8 de octubre de 2013 se solicitó al Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela un estudio de la muestra genética hallada y custodiada por la Guardia Civil.
NUEVAS CONCLUSIONES
Los avances en genética forense permitieron extraer nuevas conclusiones de esa muestra y en enero de 2014 se recibió el informe de los expertos, que ha resultado transcendental para los investigadores al revelar que el propietario del perfil era un varón de origen norteafricano.
Tras solicitar el padrón al Instituto Nacional de Estadística y al municipio de Algete, se logró estrechar el cerco sobre los varones norteafricanos que en la época del suceso estaban empadronados en la localidad madrileña.
Desde este momento, las pesquisas policiales se enfocaron en unas 200 personas que vivieron en Algete entre 1995 y 1999, lo que llevó a los agentes encargados de la investigación a viajar por diferentes provincias de España.
En una de esas entrevistas, a principios del pasado mes de septiembre, se logró obtener un perfil de ADN que, tras ser remitido al Departamento de Criminalística de la Guardia Civil, dio positivo aunque no coincidió al 100 % con el encontrado en el cuerpo de Eva Blanco en 1997. Todas las investigaciones se centraron entonces sobre esta persona y su círculo familiar.
Era el hermano del presunto asesino, al que se llegó tras localizar a todos los familiares por línea descendente paterna.
Los investigadores se centraron en el varón residente en la localidad francesa de Pierrefontaine Les Varans, que había salido de España en el año 1999, dos años después del crimen.
El ministro del Interior ha subrayado el «destacado rigor científico de esta investigación» y el «impecable» tratamiento dado a las muestras recogidas.
En base al tratado de Prüm, y a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se iniciaron los trámites de colaboración con la Gendarmería francesa y resto de autoridades galas, que han colaborado con la Guardia Civil en todo momento, según Interior.
El presunto autor del crimen de Eva Blanco mientras es detenido por la Guardia Civil El presunto autor del crimen de Eva Blanco mientras es detenido por la Guardia Civil
Sin cómplice
La Guardia Civil ha descartado este viernes que exista un coautor en el asesinato de Eva Blanco, tras la detención del presunto autor del crimen ocurrido en Algete (Madrid) el 20 de abril de 1997.
«Que se establezcan teorías con que puede haber una segunda autoría o que pueda haber un coautor no se baraja en absoluto», ha explicado a los medios el capitán de la Guardia Civil Ruben Valero.
No obstante, ha añadido que «el caso no está cerrado hasta que no se culmine con la entrada en prisión» del presunto autor del asesinato, un hombre de 52 años, identificado como A.C.G., ciudadano español de origen marroquí y que salió de España en 1999.
A la espera de extradición
La jueza de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz está a la espera de la tramitación de extradición del presunto autor del asesinato de la joven Eva Blanco, ocurrido en 1997 en la localidad de Algete, detenido en Francia, para formalizar su situación procesal.
La magistrada acordó el jueves la detención de A.C.G. en aplicación de una orden europea al ser localizado en territorio francés y ahora está a la espera de la tramitación de la extradición correspondiente para que el detenido sea puesto a disposición judicial y proceder a la formalización de su situación procesal.
Por su parte, Fernández Díaz ha dicho que España ya ha solicitado la extradición del presunto criminal y que espera que se pueda realizar «lo antes posible» habida cuenta de la «extraordinaria» colaboración policial con las autoridades francesas para que «sea puesto a disposición judicial» en España.
Al respecto, ha destacado que el arresto se ha producido 18 años después del crimen, por lo que «afortunadamente» faltaban dos años para que prescribiera este tipo de delito, que lo hace a los 20 años.
Por ello, el titular de Interior ha subrayado el «éxito institucional» de la Guardia Civil por haber culminado esta operación tras 18 años de investigaciones. «La protagonista es hoy la Guardia Civil», ha agregado.
Las actuaciones de investigación continúan secretas y se practicarán nuevas diligencias para aclarar en su totalidad el caso.
Un centenar de marcadores orientaron las pesquisas en el caso
Un centenar de marcadores genéticos y de características físicas empleados por el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, de la Universidad de Santiago (USC), orientaron las pesquisas policiales hacia el presunto asesino de la joven Eva Blanco, transcurridos 18 años desde aquel crimen.
La directora del centro compostelano, de referencia mundial, María Victoria Lareu Huidrobo, explicó a preguntas de los informadores que se trató de 80 marcadores genéticos, que permiten inferir estadísticamente el origen biogeográfico, y otros 20 que pueden indicar las características físicas del individuo al que pertenecen las muestras.
La catedrática señaló que con el primer grupo de marcadores se pueden determinar cinco áreas de procedencia, europeo, africano-subsahariano, asiático, latinoamericano y de Oceanía.
Agregó que con el empleo de muchos más marcadores, del orden de millones, se podría conocer el origen con distancias de mil o mil quinientos kilómetros, aunque para ello es preciso estudiar también la «mezcla de población» y otros parámetros.
Además, el instituto de la USC ha desarrollado un test de análisis SNPs (Single Nucleotide Polimorphism) específico, con lo que se infieren rasgos físicos como el color de los ojos, del cabello o la piel y que fue empleado en el caso del presunto asesino de Eva Blanco, lo que orientó definitivamente la larga investigación desarrollada por la Guardia Civil.
El estudio se entregó en diciembre de 2013 y el paso del tiempo, por lo que fue preguntada la especialista, no solo no ha tenido repercusión en la calidad de la muestra, que estaba bien conservada, sino que permitió que avanzase la ciencia en el campo de estos marcadores y se pudiese realizar un estudio que hace 17 años era imposible.
«Lo que ha hecho el paso del tiempo -insistió- es haber tenido tiempo para investigar en nuevas tecnologías, en nuevos marcadores», por lo que resaltó esta especialista la importancia del trabajo no solo de las cuatro personas que han realizado este estudio, encabezados por ella misma, sino de los equipos de investigación, «que son los que hacen que estas cosas puedan suceder».
Aunque el valor del estudio es diferente en cada caso, la directora del instituto apuntó que en el del presunto asesino de Eva había sido muy alto.
Periodista Digital
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Oct 5, 2015 | Noticias
Según trascendió, el actor canadiense podría ser llamado a declarar en los próximos días.
El martes pasado, la noticia recorrió el mundo entero: Cathriona White, la joven novia de Jim Carrey , había sido encontrada sin vida en su casa de Los Angeles. Muy dolido, el actor hizo circular un comunicado de prensa, en el que dijo estar «en shock» y «profundamente triste».
Aunque desde un primer momento se manejó el suicidio como principal hipótesis, ahora el sitio de entretenimientos TMZ.com asegura que el protagonista de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos podría verse complicado en la investigación. ¿Por qué? Porque las drogas que habría utilizado la mujer para quitarse la vida podrían haber sido prescriptas para él, bajo un nombre ficticio.
Según trascendió, se trataría de tres tipos de drogas -píldoras para dormir, analgésicos y un regulador de la presión arterial- indicadas por un mismo médico para un hombre que habría recurrido a un nombre ficticio para obtenerlas, una práctica bastante común entre las celebridades de Hollywood que buscan preservar su privacidad en cuestiones de salud. Aunque los resultados toxicológicos aún no se encuentran disponibles, los investigadores desean saber si White tomó esos medicamentos del hogar de Carrey sin su consentimiento y si fue él quien se los proveyó.
De acuerdo a TMZ.com, fueron cinco los amigos que encontraron el cuerpo de la joven el lunes por la noche. Previamente, ella le había confiado a algunos amigos que se encontraba muy triste porque Carrey había decidido terminar la relación inesperadamente; cinco días después, se quitó la vida.
por Detec7 Agencia de Detectives Privados | Oct 2, 2015 | Noticias
El investigado aporta certificados de que estaba destinado en la Fiscalía de Melilla, donde se alojó en un hotel en la fecha del siniestro.
Las pesquisas de un detective privado contratado por la familia llevaron a la identificación del titular del Mercedes, que resultó ser el fiscal imputado.
El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vélez-Málaga ha ordenado el sobreseimiento provisional y el archivo del caso en el que un fiscal estaba siendo investigado por su supuesta relación con accidente de tráfico en el que resultó muerto un joven motorista el 18 de junio de 2011. En su auto de archivo, al que ha tenido acceso este periódico, el juez afirma que con las diligencias de investigación realizadas «en modo alguno es posible atribuir a un tercero responsabilidad alguna por el fallecimiento».
El fiscal imputado declaró ante el juez el pasado 16 de junio. / SUR
La decisión judicial se produce tras presentar el abogado del fiscal imputado certificados de la Fiscalía de Málaga que recogen que en la fecha del accidente G. M. A. se encontraba destinado en la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo su defensa ha aportado un certificado del gerente de un hotel de aquella ciudad con el que justifica que el fiscal y su mujer, que también está imputada, pernoctaron en dicho establecimiento entre el 14 y el 21 de junio de 2011.
La acusación particular que ejerce Aurelio García, padre del joven de 22 años fallecido en el accidente ocurrido en la A-7 en el término de Vélez-Málaga, ha recurrido la decisión del juez, que califica de «sorprendente», ya que ha sido adoptada sin remitirle ni a esa parte ni a la Fiscalía los documentos que sitúan al fiscal imputado en Melilla. Sobre este proceder los abogados del padre del joven fallecido afirman que es «relevante» que el imputado aporte ahora esta documentación «cuando han transcurrido más de cuatro años de los hechos y ha recibido toda la información de las diligencias por parte de la Guardia Civil», a quienes admitió que en esas fechas estaba destinado en los juzgados de Vélez-Málaga, aunque negó su relación con el accidente. La acusación particular, además de oponerse al archivo de la causa ha solicitado que el hotel de Melilla remita la factura de pago sobre la pernoctación y que ésta sea acreditada por parte del Ministerio del Interior. Además ha pedido certificado de la compañía aérea sobre si el fiscal o su esposa volaron a Melilla o de regreso a la península, así como fechas y horas.
El juez reabrió la investigación sobre este siniestro, que fue por dos veces archivada, después de que la Audiencia de Málaga ordenara seguir la instrucción del caso tras las pruebas aportadas por la familia del fallecido en las que algunos testigos situaban al fiscal y a una mujer que le acompañaba en el lugar del accidente. Uno de ellos aseguraba que eran las personas que viajaban en un Mercedes Benz de color gris que dejó una profunda huella de frenada en el asfalto.
Las pesquisas de un detective privado contratado por la familia llevaron a la identificación del titular del Mercedes, que resultó ser el fiscal imputado. G. M. A. declaró el pasado 16 de junio ante el juez instructor que aunque no recordaba lo que hizo el 18 de junio de 2011, tenía la certeza de que «jamás» se había visto envuelto en un accidente de circulación con resultado de lesionados o fallecidos y que «nunca» estuvo en el lugar de los hechos.
Montse Martín
